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Al margen de los plazos, llegado el caso de detección de una alteración, anomalía, malformación o enfermedad grave, qué duda cabe de que los padres son los primeros inmersos en una situación de caos moral, a los que pienso debería corresponder decidir si el embarazo debe llevarse o no a término y, en mi opinión, tan lícito es adoptar una postura como otra, llevando implícitas cada una de ellas sus propias consecuencias.
Estoy de acuerdo en que en este asunto hay constestaciones y no respuestas, por lo que al tratarse de una cuestión pura y estrictamente moral ¿por qué un político se cree con derecho a prohibir algo que no compete a su propia moralidad sino a la de los padres, dependiendo de hacia dónde inclinen la balanza? ¿Se ha parado a pensar por qué en nuestra sociedad se observan cada vez menos casos de personas con síndrome de Down, parálisis cerebrales o cualquier otra anomalía grave de nacimiento?
El Colegio de Ginecólogos está luchando en los últimos años para que el gobierno permita interrumpir el embarazo en cualquier momento -independientemente de la semana de gestación- cuando se detecte una alteración, anomalía, malformación o enfermedad grave en el feto. Los médicos son humanos y por tanto tienen moralidad. En su mayoría recomiendan de manera extraoficial interrumpir el embarazo incluso después de la semana 22 en estos casos, a pesar de no ser legal en la actualidad en España. Es más, en el 90% aproximadamente de los casos los padres optan por la interrupción recurriendo a una vía que queda fuera de nuestra legislación y que es proporcionada por los propios médicos. Me pregunto entonces hasta qué punto es apropiada la intervención política en la imposición de plazos en estos casos (y no digamos por parte de la Iglesia).
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