Al César lo que es del César (I)

La semana pasada les hablaba de un país imaginario, la Isla de la Jilla, donde los ciudadanos eran obligados a trabajar para el gobierno en esforzadas labores físicas. Este sistema está basado en un hecho real, la corvea del Antiguo Egipto:

La corvea real era una forma de trabajo obligatorio, por tiempo limitado, exigida por el Estado egipcio a la mayoría de la población. Si bien, teóricamente, todos los habitantes del reino debían prestar ese servicio temporario -incluido el faraón, aunque de manera simbólica y ritual en determinadas ceremonias-, desde el el Reino Antiguo fueron emitidos decretos reales de excepción (wd-nsw) que beneficiaban a ciertas categorías de personas como sacerdotes y trabajadores ligados a templos y capillas funerarias. Los altos personajes de la sociedad podían ser sustituidos en la corvea por trabajadores remunerados o esclavos.

Junto con el diezmo, este es el primer sistema de impuestos del que se tiene noticia. Estos trabajos forzados los llevaban a cabo aquellos campesinos demasiado pobres para pagar el diezmo. Los destinos posibles eran variados: tierras del faraón, templos, obras públicas, minas, canteras o el ejército.

Imagen de Wikimedia Commons

La corvea supone el primer estadio de aquella historia de esclavitud obra de Robert Nozick que ya mencionamos en su día. Actualmente, si bien ya no tenemos que construir pirámides o servir al ejército durante un periodo obligatorio, todavía tenemos que dar parte de nuestro dinero al Estado. Para Nozick eso significa que seguimos siendo esclavos pues «el impuesto a los productos del trabajo va a la par con el trabajo forzado». Así, escribe:

Apoderarse de los resultados del trabajo de alguien equivale a apoderarse de sus horas y a dirigirlo a realizar actividades varias. Si las personas lo obligan a usted a hacer cierto trabajo o un trabajo no recompensado por un periodo determinado, deciden lo que usted debe hacer y los propósitos que su trabajo debe servir, con independencia de las decisiones de usted. Este proceso por medio del cual privan a usted de estas decisiones los hace copropietarios de usted; les otorga un derecho de propiedad sobre usted. Sería tener un derecho de propiedad, tal y como se tiene dicho control y poder de decisión parcial, por derecho, sobre un animal u objeto inanimado.

Esta forma de razonar pone de manifiesto la doctrina liberal básica, a saber, que cada persona es dueña de sí misma y del fruto de su trabajo. Dado que el gobierno nos obliga a pagar impuestos, so pena de una multa o una temporada en prisión, la conclusión es que el Estado nos roba:

Sólo el Estado consigue sus ingresos mediante coacción, amenazando con graves castigos a quienes se nieguen a entregarle su parte. A esta coacción se la llama «impuestos», aunque en épocas de lenguaje menos refinado se la conocía con el expresivo nombre de «tributos». La contribución es, pura y simplemente, un robo, un robo a grande y colosal escala, que ni los más grandes y conocidos delincuentes pueden soñar en igualar. Es una apropiación coactiva de las propiedades de los moradores (o súbditos) del Estado.

El lector escéptico puede llevar a cabo un instructivo ejercicio mental intentando dar una definición del concepto de impuestos o tributos que no incluya también la acepción de robo. Como el ladrón, el Estado exige, como a punta de pistola, nuestro dinero; si el contribuyente se niega a pagar, se le quitan sus activos por la fuerza, y si intenta resistirse a esta depredación es arrestado o incluso tiroteado si persiste en su negativa.

Siendo así, la evasión de impuestos no solo no es inmoral sino que, de hecho, es moralmente lícito engañar al Estado en esta materia (ibídem Rothbard):

Del mismo modo que nadie está legítimamente obligado a decir la verdad a un ladrón que pregunta si hay objetos de valor en casa, tampoco lo está un ciudadano a responder a estas preguntas del Estado, por ejemplo, al rellenar los impresos del impuesto sobre la renta.

Algunas objeciones a esta tesis son posibles. Por ejemplo, que los impuestos no son tan malos como los trabajos forzados. Podríamos preguntar a un superviviente de Auschwitz, por ejemplo, si pagar impuestos equivale al martirio de un campo de concentración. A esto se podría responder, tal vez, que la diferencia entre ambas situaciones es de grado, no de naturaleza, y que si una de ellas (el campo de concentración) es inmoral, entonces la otra también lo es, ya que no por menos dolosa deja de ser ilícita.

Otra objeción parecida es que no es lo mismo forzar a alguien a trabajar en una tarea fijada por el Estado que dejarle trabajar en lo que quiera y quitarle luego una parte de su sueldo. De nuevo el contrargumento sería que el Estado hace mal en ambos casos. Consideremos la siguiente analogía propuesta por Michael Sandel:

[U]n ladrón entra en su casa y le da tiempo a llevarse, bien un televisor de pantalla plana que cuesta mil dólares, bien mil dólares en metálico que usted guardaba debajo del colchón. Quizá preferiría que se llevase el televisor, porque entonces usted podría decidir si gastarse o no los mil dólares en comprar otro. Si el ladrón roba el dinero, a usted no le queda esa posibilidad de elegir.

Así pues, que podamos elegir en qué trabajar, o incluso trabajar menos para pagar menos impuestos, no cambia el hecho de que nos están robando.

Otra objeción: los pobres necesitan más el dinero. El liberal puede estar de acuerdo pero nos recordará que no por ello él pierde su derecho fundamental a hacer lo que quiera con lo que es suyo. Que un paciente de diálisis necesite más el riñón que una persona sana no le da derecho al Estado a quitárselo al segundo para dárselo al primero.

Siguiente objeción: no se puede hablar de robo cuando se recibe algo a cambio. Dejemos a un lado el debate sobre la provisión de servicios públicos frente a privados y aceptemos el hecho de que, actualmente, el gobierno se encarga de carreteras, colegios, hospitales, policía, ejército y jueces. Esta objeción me recuerda a aquellos chavales que, siendo yo pequeño, se dedicaban a robarle a los otros niños las zapatillas deportivas de moda, dejándoles a cambio unas chanclas para que el interfecto no tuviera que volver descalzo a casa. Supongamos, no obstante, que recibimos muy buenos servicios por el dinero de nuestros impuestos. ¿Deja por ello de ser un robo?

Digamos que quienes se abalanzan sobre los coches detenidos en los semáforos para limpiar los parabrisas hacen un trabajo impecable. ¿Implica el beneficio recibido una obligación? Porque si fuera así alguien podría ir por la calle limpiando los cristales de los coches y reclamar luego un pago a sus dueños. Como dice Michael Sandel: «a falta de consentimiento, la línea que separa la realización de un servicio de la extorsión resulta muchas veces borrosa».

La última objeción que veremos tiene que ver precisamente con el consentimiento. En una democracia es posible argumentar que los impuestos no se cobran contra nuestra voluntad, ya que tenemos voz y voto en lo referente a las leyes fiscales. ¿Qué clase de ladrón nos permite elegir cuánto dinero quitarnos o en qué emplearlo? Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué ocurre si yo he votado a un partido cuyo programa consiste en bajar los impuestos, pero la victoria es para uno que va a subirlos? ¿Acaso Hacienda dejaría de reclamarme el dinero? Obviamente no. Además, ser miembro de una democracia no significa que hayamos dado nuestro consentimiento a todo lo que la mayoría decida. La mayoría no puede privarnos de nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué iba a poder, entonces, confiscar nuestras ganancias?

Hemos visto la tesis según la cual los impuestos equivalen al robo y el trabajo forzado, así como una lista de posibles objeciones (que no pretende ser de ningún modo completa) fáciles de replicar. En el próximo artículo veremos la mejor forma de la tesis contraria, aquella según la cual los impuestos no equivalen a robar.

Continuará.