Al César lo que es del César (I)

La semana pasada les hablaba de un país imaginario, la Isla de la Jilla, donde los ciudadanos eran obligados a trabajar para el gobierno en esforzadas labores físicas. Este sistema está basado en un hecho real, la corvea del Antiguo Egipto:

La corvea real era una forma de trabajo obligatorio, por tiempo limitado, exigida por el Estado egipcio a la mayoría de la población. Si bien, teóricamente, todos los habitantes del reino debían prestar ese servicio temporario -incluido el faraón, aunque de manera simbólica y ritual en determinadas ceremonias-, desde el el Reino Antiguo fueron emitidos decretos reales de excepción (wd-nsw) que beneficiaban a ciertas categorías de personas como sacerdotes y trabajadores ligados a templos y capillas funerarias. Los altos personajes de la sociedad podían ser sustituidos en la corvea por trabajadores remunerados o esclavos.

Junto con el diezmo, este es el primer sistema de impuestos del que se tiene noticia. Estos trabajos forzados los llevaban a cabo aquellos campesinos demasiado pobres para pagar el diezmo. Los destinos posibles eran variados: tierras del faraón, templos, obras públicas, minas, canteras o el ejército.

Imagen de Wikimedia Commons

La corvea supone el primer estadio de aquella historia de esclavitud obra de Robert Nozick que ya mencionamos en su día. Actualmente, si bien ya no tenemos que construir pirámides o servir al ejército durante un periodo obligatorio, todavía tenemos que dar parte de nuestro dinero al Estado. Para Nozick eso significa que seguimos siendo esclavos pues «el impuesto a los productos del trabajo va a la par con el trabajo forzado». Así, escribe:

Apoderarse de los resultados del trabajo de alguien equivale a apoderarse de sus horas y a dirigirlo a realizar actividades varias. Si las personas lo obligan a usted a hacer cierto trabajo o un trabajo no recompensado por un periodo determinado, deciden lo que usted debe hacer y los propósitos que su trabajo debe servir, con independencia de las decisiones de usted. Este proceso por medio del cual privan a usted de estas decisiones los hace copropietarios de usted; les otorga un derecho de propiedad sobre usted. Sería tener un derecho de propiedad, tal y como se tiene dicho control y poder de decisión parcial, por derecho, sobre un animal u objeto inanimado.

Esta forma de razonar pone de manifiesto la doctrina liberal básica, a saber, que cada persona es dueña de sí misma y del fruto de su trabajo. Dado que el gobierno nos obliga a pagar impuestos, so pena de una multa o una temporada en prisión, la conclusión es que el Estado nos roba:

Sólo el Estado consigue sus ingresos mediante coacción, amenazando con graves castigos a quienes se nieguen a entregarle su parte. A esta coacción se la llama «impuestos», aunque en épocas de lenguaje menos refinado se la conocía con el expresivo nombre de «tributos». La contribución es, pura y simplemente, un robo, un robo a grande y colosal escala, que ni los más grandes y conocidos delincuentes pueden soñar en igualar. Es una apropiación coactiva de las propiedades de los moradores (o súbditos) del Estado.

El lector escéptico puede llevar a cabo un instructivo ejercicio mental intentando dar una definición del concepto de impuestos o tributos que no incluya también la acepción de robo. Como el ladrón, el Estado exige, como a punta de pistola, nuestro dinero; si el contribuyente se niega a pagar, se le quitan sus activos por la fuerza, y si intenta resistirse a esta depredación es arrestado o incluso tiroteado si persiste en su negativa.

Siendo así, la evasión de impuestos no solo no es inmoral sino que, de hecho, es moralmente lícito engañar al Estado en esta materia (ibídem Rothbard):

Del mismo modo que nadie está legítimamente obligado a decir la verdad a un ladrón que pregunta si hay objetos de valor en casa, tampoco lo está un ciudadano a responder a estas preguntas del Estado, por ejemplo, al rellenar los impresos del impuesto sobre la renta.

Algunas objeciones a esta tesis son posibles. Por ejemplo, que los impuestos no son tan malos como los trabajos forzados. Podríamos preguntar a un superviviente de Auschwitz, por ejemplo, si pagar impuestos equivale al martirio de un campo de concentración. A esto se podría responder, tal vez, que la diferencia entre ambas situaciones es de grado, no de naturaleza, y que si una de ellas (el campo de concentración) es inmoral, entonces la otra también lo es, ya que no por menos dolosa deja de ser ilícita.

Otra objeción parecida es que no es lo mismo forzar a alguien a trabajar en una tarea fijada por el Estado que dejarle trabajar en lo que quiera y quitarle luego una parte de su sueldo. De nuevo el contrargumento sería que el Estado hace mal en ambos casos. Consideremos la siguiente analogía propuesta por Michael Sandel:

[U]n ladrón entra en su casa y le da tiempo a llevarse, bien un televisor de pantalla plana que cuesta mil dólares, bien mil dólares en metálico que usted guardaba debajo del colchón. Quizá preferiría que se llevase el televisor, porque entonces usted podría decidir si gastarse o no los mil dólares en comprar otro. Si el ladrón roba el dinero, a usted no le queda esa posibilidad de elegir.

Así pues, que podamos elegir en qué trabajar, o incluso trabajar menos para pagar menos impuestos, no cambia el hecho de que nos están robando.

Otra objeción: los pobres necesitan más el dinero. El liberal puede estar de acuerdo pero nos recordará que no por ello él pierde su derecho fundamental a hacer lo que quiera con lo que es suyo. Que un paciente de diálisis necesite más el riñón que una persona sana no le da derecho al Estado a quitárselo al segundo para dárselo al primero.

Siguiente objeción: no se puede hablar de robo cuando se recibe algo a cambio. Dejemos a un lado el debate sobre la provisión de servicios públicos frente a privados y aceptemos el hecho de que, actualmente, el gobierno se encarga de carreteras, colegios, hospitales, policía, ejército y jueces. Esta objeción me recuerda a aquellos chavales que, siendo yo pequeño, se dedicaban a robarle a los otros niños las zapatillas deportivas de moda, dejándoles a cambio unas chanclas para que el interfecto no tuviera que volver descalzo a casa. Supongamos, no obstante, que recibimos muy buenos servicios por el dinero de nuestros impuestos. ¿Deja por ello de ser un robo?

Digamos que quienes se abalanzan sobre los coches detenidos en los semáforos para limpiar los parabrisas hacen un trabajo impecable. ¿Implica el beneficio recibido una obligación? Porque si fuera así alguien podría ir por la calle limpiando los cristales de los coches y reclamar luego un pago a sus dueños. Como dice Michael Sandel: «a falta de consentimiento, la línea que separa la realización de un servicio de la extorsión resulta muchas veces borrosa».

La última objeción que veremos tiene que ver precisamente con el consentimiento. En una democracia es posible argumentar que los impuestos no se cobran contra nuestra voluntad, ya que tenemos voz y voto en lo referente a las leyes fiscales. ¿Qué clase de ladrón nos permite elegir cuánto dinero quitarnos o en qué emplearlo? Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué ocurre si yo he votado a un partido cuyo programa consiste en bajar los impuestos, pero la victoria es para uno que va a subirlos? ¿Acaso Hacienda dejaría de reclamarme el dinero? Obviamente no. Además, ser miembro de una democracia no significa que hayamos dado nuestro consentimiento a todo lo que la mayoría decida. La mayoría no puede privarnos de nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué iba a poder, entonces, confiscar nuestras ganancias?

Hemos visto la tesis según la cual los impuestos equivalen al robo y el trabajo forzado, así como una lista de posibles objeciones (que no pretende ser de ningún modo completa) fáciles de replicar. En el próximo artículo veremos la mejor forma de la tesis contraria, aquella según la cual los impuestos no equivalen a robar.

Continuará.

La gran evasión

El ya retirado ciclista profesional David Millar cuenta en sus memorias cómo después de su fantástica temporada de 1999 logró un contrato con el equipo Cofidis de 160.000 euros anuales, la mitad de los cuales se los pagaban en su país de residencia (Francia) y la otra mitad a través de un contrato de imagen firmado con una compañía llamada IMG, con sede en Luxemburgo. A cambio del diez por ciento de sus ingresos brutos esta empresa le permitía escamotear parte de su sueldo del fisco francés:

The image contract, a ploy used a lot in sport, is really a tax avoidance trick. Image contracts escape taxation through canny use of offshore banking. The culture that permeated cycling considered it a schoolboy error for a high-earning professional athlete to be taxed on their full income. That is what you’re told – by managers, fellow riders, accountants and agents – so it’s hard not to start thinking it’s your right as a pro athlete to be taxed minimally.

Llevo algún tiempo pensando en escribir algo sobre impuestos, y qué mejor excusa que los papeles de Panamá para traer el tema a colación. Hoy nos centraremos en los paraísos fiscales, dejando la discusión sobre los impuestos en sí mismos para otro día.

Imagen de thetaxhaven

Los debates acerca de los paraísos fiscales siguen todos más o menos el mismo patrón. A un lado tenemos la indignación de la opinión pública por lo que parece una trampa de los ricos para eludir sus obligaciones tributarias. Quienes tributan en el extranjero serían unos caraduras egoístas que cuanto más tienen menos quieren dar, y que se aprovechan de los servicios públicos mientras el grueso de la población soporta sobre sus hombros toda la carga recaudatoria. Frente a ellos están quienes recuerdan que tener dinero en el extranjero es legal, que todos tenemos derecho a proteger nuestros ingresos de las voraces fauces recaudatorias del Estado, y que cualquier persona haría lo mismo en su lugar. Este bando no habla de paraísos fiscales sino de competencia fiscal:

¿Qué es un paraíso fiscal? Para empezar se parte de un error de traducción que no es casual, ni irrelevante. Tax Haven significa «refugio fiscal», no paraíso (heaven). Es una diferencia semántica muy importante. No es lo mismo un refugio, consecuencia de un ataque confiscatorio, que un paraíso. Es importante, porque ese error ocurre, no por casualidad tampoco, en los países donde triunfan las políticas más intervencionistas. Un refugio fiscal es nada más que un centro financiero que ofrece condiciones impositivas atractivas.

[...] Los refugios fiscales, sea nuestro país u otro, cumplen una labor importante, que obviamente no gusta a los gobiernos. Fuerzan la competencia fiscal. A que los Estados no tengan la libertad de subir impuestos eternamente y de manera confiscatoria, porque saben que el capital puede escapar.

Dado que el adjetivo de «paraíso fiscal» depende del tipo impositivo para las rentas altas y las empresas es posible ver cómo a lo largo de la historia diferentes países han podido ser calificados como tales, incluyendo naciones como Francia o España. Quienes abogan por la competencia fiscal sostienen que la existencia de refugios fiscales no supone una carrera a impuestos cero, pues las grandes economías pueden seguir permitiéndose tipos impositivos altos al seguir atrayendo capital por otras razones. En cualquier caso, de acuerdo con los defensores de la competencia fiscal, si no queremos que el capital acabe en otros países lo mejor es instaurar una fiscalidad lo más baja posible.

Adicionalmente, sostiene este bando que invertir en países con ventajas fiscales es caro y complicado, y que si la gente lo hace es porque cree que el riesgo vale la pena cuando se compara con el riesgo de mantener el dinero en el país de origen. Argumentan además que las sociedades inscritas en paraísos fiscales invierten mayoritariamente sus depósitos en deuda soberana, lo que significa que los Estados en realidad no pierden ese dinero. Finalmente, aducen que el dinero extraterritorial supone una cuantía total muy reducida, que el uso de este tipo de triquiñuelas es excepcional antes que la norma, y que países como Suiza, Islas Caimán o Luxemburgo cumplen otras loables funciones al guardar el dinero de personas que residen en países en guerra o con regímenes totalitarios, así como de empresas expuestas a eventos como el corralito argentino de la década de 2000.

Es posible que quienes reniegan los paraísos fiscales cambiaran de opinión si, como David Millar, ingresaran cientos de miles de euros al año. No creo que ande errado si digo que a prácticamente nadie le gusta pagar impuestos. En la práctica, quien más quien menos regatea al fisco, ya sea pagando facturas en dinero negro sin IVA, desgravándose gastos como autónomo que no tienen nada que ver con la actividad empresarial o a través de una sofisticada ingeniería fiscal.

No he encontrado datos para España, pero en Estados Unidos el IRS audita alrededor del uno por ciento de las declaraciones. Siendo así, lo más racional desde el punto de vista económico sería hacer trampa. Sin embargo, muchos de nosotros pagamos religiosamente, aunque sea a regañadientes. ¿Por qué?

Para James Surowiecki la respuesta tiene algo que ver con la reciprocidad. El pago de impuestos es un problema de cooperación en el que muchos participan mientras crean que los demás también lo hacen y que quienes no colaboran serán castigados:

Tratándose de impuestos, los contribuyentes son lo que la historiadora Margaret Levi ha llamado «consentidores contingentes». Están dispuestos a pagar la parte que les toca en justicia, pero sólo si los demás hacen lo mismo, y sólo mientras crean que quienes no lo hacen tienen buenas probabilidades de ser atrapados y castigados. «La gente empieza a pensar que la policía se ha dormido, y que otros están delinquiendo y no les pasa nada, y es entonces cuando aflora la sensación de tomadura de pelo», escribe Michael Graetz, profesor de Derecho en Yale. Muchos desean cumplir con sus obligaciones pero nadie desea pasar por tonto.

Recordemos, no obstante, que hacer pagos en conceptos de propiedad intelectual a una empresa nuestra con sede en Suiza para pagar menos impuestos no es ilegal. Si pensamos que este tipo de maniobras son moralmente reprobables es porque dichos comportamientos violan la intención con la que se diseñaron las leyes («the spirit of the law») aprovechándose de la manera en que fueron finalmente redactadas («the letter of the law»). A esto se puede responder que no es obligación de las empresas hacer elucubraciones acerca de las leyes, que diferentes interpretaciones son posibles, y que si el resultado final que se quiere obtener es diferente del actual entonces lo que tienen que hacer los gobiernos es cambiar la redacción de las normas.

A mi juicio, parte de la indignación que provoca en la población el asunto de los paraísos fiscales tiene que ver con que da la impresión de que, una vez más, los ricos se libran de un castigo por ser ricos. Imaginemos un país remoto, la Isla de La Jilla, situado en mitad de un amplio océano, alejado decenas de miles de kilómetros de cualquier otro país. En la Isla de La Jilla se obliga a cada ciudadano a trabajar por el bien común cavando, picando piedra o levantando muros cierto número de días al año. Quienes han trabajado para gobiernos de otro país pueden convalidar esos días.

Como la Isla de La Jilla está en medio de la nada los billetes de avión para salir de ella son carísimos, y solo un pequeño porcentaje de la población puede permitírselos. En el país vecino más cercano las tareas que impone el gobierno a sus ciudadanos son menos penosas, llevándose a cabo sentados en una mesa con ordenador dentro de una oficina climatizada. No es de extrañar, por tanto, que ese pequeño sector de la ciudadanía que puede costearse los viajes tienda a trabajar más para el país vecino. Quienes no tienen dinero para escapar del trabajo forzoso impuesto por el Estado de la Isla de la Jilla exigen cambiar la ley para que se limite el número de días que un habitante de este país puede trabajar en el extranjero, de tal forma que cada ciudadano con nacionalidad ¿jillana? aporte en la proporción que se espera.

La mayor parte de la población de cualquier país no ingresa lo suficiente como para plantearse mover su dinero a paraísos fiscales. Para ellos es imposible eludir a Hacienda salvo por esas pequeñas trampas que ya hemos mencionado (las cuales, dicho sea de paso, también están al alcance de los más adinerados). Mientras tanto, los ricos pueden utilizar su dinero para pagar menos impuestos y hacerse aún más ricos. Comprendo que esto sea enervante para quienes les sobra mes al final de la nómina. Es el problema de las sociedades de mercado. Como dice el filósofo comunitarista Michael Sandel:

En una sociedad en la que todo está en venta, la vida resulta difícil para las personas con recursos modestos. Cuantas más cosas puede comprar el dinero, más importancia adquiere la abundancia (o su ausencia).

Si la única ventaja de la abundancia fuese la posibilidad de comprar yates y coches deportivos o de disfrutar de vacaciones de lujo, las desigualdades en ingresos y en riqueza no importarían mucho. Pero cuando el dinero sirve para comprar más y más cosas —influencia política, cuidados médicos, una casa en una urbanización segura y no en un barrio donde la delincuencia campa a sus anchas, el acceso a colegios de élite y no a los que cargan con el fracaso escolar—, la distribución de ingresos y de riqueza cuenta cada vez más. Donde todas las cosas buenas se compran y se venden, tener dinero supone la mayor de las diferencias.

Entiendo que la gente adinerada quiera proteger los ingresos que creen merecer. Pero también entiendo la ira de quienes viven con lo justo y necesitan los servicios proporcionados por la red social del estado de bienestar, aquellos que ven cómo los ricos, en virtud de su propia riqueza, eligen no cooperar y prefieren pagar servicios públicos que no van a disfrutar en países extranjeros. Pocas cosas nos hacen clamar justicia tan fuerte como el hecho de soportar una pesada carga y ver cómo el de al lado se aprovecha de nuestro esfuerzo sin haber hecho su parte.